¿La vivienda es un derecho?

¿Tener una vivienda debería depender del dinero?

Hay temas incómodos dentro del mundo inmobiliario. Este es uno de ellos.

Porque sí, trabajamos vendiendo propiedades. Sí, existe inversión inmobiliaria. Sí, hay mercado, incremento a los precios (o la mal llamada "plusvalía"), especulación y desarrollos de lujo. Pero también existe otra realidad: millones de personas que no tienen acceso a una vivienda digna, no porque “no le echen ganas”, sino porque el sistema completo está diseñado de forma que, si caes una vez, salir se vuelve cada vez más difícil.

La pregunta entonces no es solo económica. Es ética.

¿La vivienda es un producto o es un derecho humano?

La mayoría de las constituciones modernas (incluyendo la mexicana) reconocen el acceso a la vivienda digna como un derecho. El problema es que reconocerlo en papel no significa garantizarlo en la práctica.

Y ahí es donde empiezan las contradicciones.

Cuando no tener casa te empuja fuera del sistema

Una de las cosas más crueles de la pobreza es que muchas veces funciona como un círculo cerrado.

No tienes vivienda fija.

Entonces no tienes comprobante de domicilio.

Sin comprobante de domicilio, no puedes tramitar una identificación oficial y mucho menos abrir una cuenta bancaria.

Sin identificación oficial, no puedes acceder a empleos formales.

Sin empleo formal ni acceso a una cuenta bancaria, no puedes comprobar ingresos. Y posiblemente, tampoco generar ingresos suficientes...

Y sin generar ni comprobar ingresos, será difícil encontrar quien quiera rentarte. Y ni qué decir de acceder a un crédito hipotecario.

Entonces vuelves al inicio.

Esto no es teoría. Pasa todos los días.

Y mientras tanto, muchas sociedades siguen criminalizando la pobreza en lugar de tomar acciones para resolverla y prevenirla. Personas viviendo en la calle, asentamientos irregulares (siendo objetos de estafa de grupos organizados) o en condiciones precarias son tratadas como si fueran el problema, cuando muchas veces son la consecuencia visible de sistemas que ya les cerraron todas las puertas.

En ciudades altamente turistificadas o con fuerte presión inmobiliaria (como Playa del Carmen, Tulum, Cancún y ahora, Mérida) esto se vuelve todavía más evidente.

La vivienda comienza a diseñarse pensando exclusivamente en quien puede pagar más, no en quien necesita vivir ahí.

¿Qué significa realmente “vivienda digna”?

No se trata solo de tener cuatro paredes y un techo.

Una vivienda digna debería ser un espacio seguro, habitable, accesible económicamente, con servicios básicos, bien ubicado y con acceso a transporte, salud y educación.

Porque una vivienda en medio de la nada, sin agua, sin transporte y sin oportunidades, técnicamente puede ser “una casa”, pero no necesariamente una solución real.

Y aquí viene otra conversación incómoda: durante décadas, muchos programas de vivienda social en América Latina se enfocaron más en producir unidades rápidamente que en crear comunidades funcionales.

Resultado: enormes zonas desconectadas, sin infraestructura, sin empleos cercanos y con altos índices de abandono.

¿Entonces nadie debería poder lucrar con la vivienda?

Aquí es donde la conversación se pone compleja.

Porque una cosa es reconocer la vivienda como derecho humano, y otra muy distinta es negar que el sector inmobiliario también requiere inversión, mantenimiento, riesgo y rentabilidad para existir.

El problema no necesariamente es que exista mercado inmobiliario.

El problema aparece cuando toda la vivienda se convierte exclusivamente en mercancía.

Cuando una ciudad deja de construir vivienda accesible para trabajadores, adultos mayores, madres o padres solteras o jóvenes, y absolutamente todo se orienta al lujo, a la renta vacacional o a la especulación, empiezan las crisis sociales.

Y eso no solo afecta a los sectores vulnerables.

Termina afectando a toda la sociedad.

Porque eventualmente ya nadie puede vivir cerca de donde trabaja.

Modelos de vivienda comunitaria y social que sí están funcionando

Aunque muchas veces pareciera que no hay alternativas, sí existen modelos interesantes alrededor del mundo.

Y algunos están comenzando a aparecer también en México.

Uno de ellos es la vivienda cooperativa o comunitaria.

En este modelo, las personas no necesariamente son dueñas individuales del inmueble, sino miembros de una cooperativa que administra colectivamente el espacio. Esto permite reducir costos, evitar especulación extrema y generar comunidades más estables.

En México ya existen proyectos interesantes inspirados en este modelo, como la Cooperativa de Vivienda Xochiquetzalli, además de distintos colectivos y organizaciones que impulsan vivienda cooperativa, vivienda feminista y esquemas de autogestión comunitaria.

También empiezan a surgir modelos de co-living social, vivienda intergeneracional, vivienda asistida para adultos mayores, esquemas mixtos de renta accesible y recuperación de inmuebles abandonados.

Y aunque todavía estamos lejos de ver esto a gran escala, el simple hecho de que la conversación exista ya es importante.

Francia y otros países donde la vivienda sí se trata como política pública seria

Muchos países desarrollados entendieron hace décadas que dejar completamente la vivienda al libre mercado genera problemas enormes.

Francia es uno de los ejemplos más interesantes.

Existen complejos completos de departamentos dignos destinados a sectores vulnerables: madres solteras, personas mayores, personas con discapacidad, familias de bajos ingresos y jóvenes estudiantes.

Y no hablamos necesariamente de lugares “marginales” o improvisados.

Muchos son edificios bien mantenidos, funcionales y conectados con transporte público.

Lo mismo ocurre en distintos niveles en Austria, Países Bajos, Dinamarca, Singapur y Finlandia.

En Viena, por ejemplo, una enorme parte de la población vive en vivienda social o subsidiada, y aun así la ciudad es considerada una de las mejores del mundo para vivir.

Eso rompe la idea de que la vivienda social necesariamente implica deterioro urbano.

No tiene por qué ser así.

¿Y México?

México tiene retos enormes.

Porque además del déficit de vivienda accesible, existe informalidad laboral, falta de acceso al crédito, salarios bajos, crecimiento urbano desordenado, corrupción, especulación e infraestructura insuficiente.

Y al mismo tiempo, ciudades enteras están experimentando procesos acelerados de gentrificación y aumento de rentas.

Especialmente en destinos turísticos como Playa del Carmen, Tulum, Cancún, Progreso, Campeche, Ciudad del Carmen y algunas zonas de Mérida.

La realidad es que probablemente necesitaremos modelos híbridos.

Mercado inmobiliario, sí.

Inversión privada, sí.

Pero también vivienda pública bien diseñada, incentivos para renta accesible, regulación urbana inteligente, recuperación de espacios abandonados, planeación urbana seria y transporte eficiente.

Porque si no, eventualmente las ciudades terminan expulsando a las mismas personas que las hacen funcionar.

Entonces… ¿la vivienda es un derecho?

Desde un punto de vista humanitario, sí.

Probablemente una sociedad funcional debería garantizar que las personas tengan acceso a una vivienda digna, segura y estable.

Eso no significa regalar mansiones.

Ni eliminar la propiedad privada.

Ni prohibir la inversión inmobiliaria.

Significa entender que una vivienda no es solamente un activo financiero.

También es estabilidad.

Seguridad.

Salud mental.

Acceso a oportunidades.

Y muchas veces, la diferencia entre poder reconstruir tu vida… o quedar permanentemente atrapado fuera del sistema.